La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha afirmado hoy en Santander que gracias al Código Técnico de la Edificación “se están construyendo en España edificios de más calidad, más seguros, más habitables, más accesibles y más sostenibles”. La nueva normativa, que entró en vigor el pasado marzo, supone “un impulso a la competitividad y productividad de las empresas” que regula “las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y ahorro energético”, matizó.

 Trujillo, en un encuentro informativo con los medios antes de inaugurar el ‘III Encuentro sobre las políticas de suelo, vivienda y las ciudades’ que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aseguró que el Código Técnico de la Edificación es un marco “pionero en Europa, es revolucionario, y está siendo copiado por otros países, no sólo de nuestro ámbito, sino de otros que están teniendo en cuenta la senda normativa que nosotros hemos iniciado para una edificación del siglo XXI que proporcione más calidad, más seguridad, más sostenibilidad y más habitabilidad”.

 Asimismo, la ministra señaló que el Gobierno propondrá una modificación del Documento Básico de Ahorro de Energía para incrementar a partir del año 2010 las exigencias en la edificación y adaptarlo al marco del nuevo Plan de Acción 2008-2010 de Ahorro y Eficiencia Energética. En este sentido destacó el Real Decreto de certificación energética, aplicable a partir de octubre, que “permitirá conocer al comprador el grado de sostenibilidad del edificio y las posibilidades de ahorro energético”.

 En su opinión, “un edificio más eficiente energéticamente se venderá mejor que uno que no lo es”, ya que “demandará menos energía y contaminará menos a la atmósfera”. De esta manera, “contribuimos a luchar contra el cambio climático y a cumplir con el protocolo de Kioto”.

 La ministra hizo alusión al Proyecto Viva, impulsado por el Ministerio de Vivienda a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, para la construcción de 5.688 viviendas protegidas de vanguardia en seis comunidades autónomas. En su opinión, el proyecto “supone un hito en la construcción y el diseño de la vivienda protegida en nuestro país”.

 La titular de Vivienda aprovechó su intervención en la inauguración del Encuentro para recordar los objetivos que marcaron el nacimiento de su Ministerio en 2004 y hacer balance de estos tres años de legislatura. Recordó que con el Plan de Choque y el Plan Estatal de Vivienda “con una dotación conjunta de casi 8.000 millones de euros”, se han financiado más de 514.060 viviendas, “cumpliendo más de un 71% del compromiso de 720.000 viviendas para toda la legislatura”.

 En lo referente al fomento de la vivienda de alquiler, afirmó que “no hay más vivienda alquilada y más vivienda para alquilar”, una situación a la que “ha contribuido la Sociedad Pública de alquiler impulsando la creación de nuevas fórmulas de asegurar riesgos en los contratos para dar garantía y seguridad a los propietarios e inquilinos”.

 Asimismo, Trujillo se refirió a la creación del Observatorio Estatal de la Vivienda en Alquiler y a la primera encuesta oficial sobre la vivienda en alquiler en España que publicó su departamento la semana pasada. Estas iniciativas, según señaló, han producido un cambio de tendencia en el mercado de alquiler que no se producía desde los años cincuenta del siglo XX y han hecho posible que “más de 220.000 familias hayan recibido algún tipo de ayuda pública en los dos últimos años y que se hayan realizado más de 421.000 contratos de alquiler”.

 La ministra finalizó su intervención en la inauguración del Encuentro celebrado en La Magdalena señalando que desde la creación del Ministerio los precios de la vivienda “han registrado una desaceleración superior al 60%” y destacando la adquisición de 19 millones de metros cuadrados de suelo público para 60.000 viviendas protegidas.

El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Eduardo González, ha asegurado hoy que “España es el país de la Unión Europea que menos cumple con los compromisos de Kyoto”. De hecho, ha recordado que excede en un 50 por ciento las emisiones de 1990, cuando el compromiso era que se superasen tan sólo en un 15 por ciento.

  En declaraciones a los medios de comunicación, González culpó al sistema energético actual de este incumplimiento ya que, según explicó, dentro de la generación de energía eléctrica “hay una parte que también emite Co2”. 

 González, que interviene en el Encuentro `Energía eléctrica: garantía de suministro, sostenibilidad y seguridad´, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), enumeró algunas de las “debilidades” del sistema español de generación de electricidad entre las que destacó, además, “el tema de costes”.

 En este sentido, matizó que “todo el mundo ha oído hablar del déficit entre los costes y lo que la tarifa recupera para pagar a las empresas” y que se cifra, en estos momentos, en el orden de unos 3.000 millones de euros al año.  También, aludió a la dificultad para instalar líneas y recordó, en el caso de Cantabria, la línea de alta tensión Soto-Penagos, que “durante más de 10 años fue imposible de construir”.

 Por su parte, Martín Gallego, representante de la Fundación de Estudios sobre la Energía, citó como “debilidad” la posible concentración de lo que hasta ahora era una forma de obtener la electricidad muy diversificada. De hecho, alertó de la concentración “excesiva o muy alta” de una de las fuentes como es el caso del gas. “Depender del gas para generar más del 50 por ciento de la electricidad sería una debilidad del sistema”, aseveró.

 No obstante, Javier Alcalde, director general de ENAGAS, abogó por la planificación de redes conjuntas de gas y electricidad que, a su juicio, “ha permitido que el enorme aumento de la demanda, tanto de la electricidad como de gas que ha habido en los últimos años, se haya cubierto sin que los consumidores nos hayamos enterado de que se ha duplicado la capacidad y la utilización del gas”.

 Al margen del debate sobre la diversificación de las fuentes de energía eléctrica, Gallego recordó otras debilidades del sistema español de generación de electricidad como, por ejemplo, la “falta de aceptación social” de algunas de las fuentes alternativas como la energía nuclear y por otro el carbón por distintas causas. “En el caso de la energía nuclear, por percepciones relacionadas con la seguridad, y, en el caso del carbón, por el problema de emisión de Co2”, puntualizó.

 Precisamente, a preguntas de los periodistas sobre la gestión de los residuos nucleares, el presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, señaló que, de momento, “se guardan en las centrales que tienen instalaciones para poder almacenarlos sin ningún tipo de riesgo para el exterior”.

 En este sentido, explicó que “lo que se discute es la necesidad de construir un almacén temporal centralizado”. Un sitio, matizó, donde se llevarían todos los residuos y que sería también un centro de investigación para poder ver en el futuro qué se puede hacer con estos residuos.

 González afirmó en rueda de prensa que un aspecto importante de los residuos es que pueden ser en el futuro fuente de energía. “En el combustible nuclear usamos menos del 1 por ciento de la energía que este material contiene. Entonces, si somos capaces en el futuro de desarrollar sistemas que permitan utilizar mejor esa energía tendríamos una fuente mayor”, concluyó.

El catedrático de Filosofía del Derecho y ex Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, ha felicitado a la “justicia, y policía española” por su labor “impecable” durante el juicio del 11 M, señalando que España ha sido “el primer país capaz de enjuiciar” a un colectivo en un proceso donde “tanta gente ha sufrido y donde tanta gente ha perdido la vida”, algo que para Peces-Barba “es un orgullo” ya que “ha desmontado todos los montajes que han se habían realizado” al respecto.

 La sentencia, señaló Peces-Barba durante su intervención en la rueda de prensa posterior a su intervención en el curso ‘Educación para la ciudadanía y los derechos humanos’ organizado por la UIMP, “cuando sea firme” será “la verdad oficial” desde el punto de vista del Derecho, lo que consideró “dará satisfacción a las víctimas que tanto han sufrido”.

 Por otro lado, Peces-Barba señaló que actualmente existen “dos éticas”, “la privada”, que puede ser “católica, protestante o laica” y “la pública” que es la ética de “la justicia, del Estado democrático y de los derechos humanos”. “Lo que tendrían que hacer los obispos es modernizarse un poco” para entender “lo que ha variado el mundo” desde que “Santo Tomás sostenía que no había más que una ética; la católica”, añadió.

 Peces-Barba remarcó que hay una “confusión” ante esta asignatura  y es que “la Iglesia no distingue las dos dimensiones de la ética” y al no distinguirlas “piensa que se está atentando” contra los derechos de los padres a que sus hijos “reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones”. Además, para el catedrático de Filosofía del Derecho, la educación para la ciudadanía “no entra en esa ética privada”, sino que por el contrario “es muy respetuosa con ella”.

 Una asignatura, Educación para la ciudadanía, que debe tener, según Peces-Barba, “una mayor solidez de contenidos jurídicos” porque “en el fondo” se trata de un tema de “concepción del derecho en una sociedad democrática” donde éste debe ser “el eje central” y de ahí, concluyó,  “la diferencia entre ética pública y privada”. Una disparidad que “no deben saber los cardenales” por lo que les animó a “copiar cien veces” la divergencia entre una ética y la otra.

 Para terminar, Peces Barba anunció que para principios del próximo curso publicará un libro de la nueva materia “con colegas de la Universidad Carlos III” que no es para estudiantes, ya que su interés “no es vender mucho” sino intentar “orientar a los profesores” en la asignatura.

Así, añadió en varias universidades como “la Carlos III y la Complutense” se “van a ofertar títulos de especialista” para que los profesores se formen en esta asignatura.