El director del Instituto de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), Antonio Moreno, ha asegurado hoy en Santander que “el uso de las nuevas tecnologías en un recurso esencial”. Es más, ha afirmado que “no conocer las Tecnologías de la Información y la Comunicación es una nueva forma de analfabetismo que el ministerio no quiere que se produzca”.

De hecho, en el transcurso de la inauguración del Encuentro Educaparty 2007 que, durante hoy y mañana reunirá en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a aquellos docentes que quieren innovar en el uso de las TIC, recordó que, por ello, se habían introducido en el currículo escolar a través de la Ley Orgánica de Educación.

También, la consejera cántabra de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, destacó la necesidad de potenciar las TIC para que sean un “elemento cotidiano de los profesores en las aulas”. En este sentido, aludió al papel “primordial” que éstos juegan ya que, a su juicio, “no hay medios innovadores sino docentes que son capaces de usar todas las herramientas a su alcance para mejorar la educación”.

En la misma línea, el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez, quien se refirió a España como potencia mundial, “en el sentido económico de la palabra”, comentó que “tenemos un buen puesto en muchas cosas” entre las que destacó el acceso a la banda ancha, donde ocupa el quinto puesto mundial “más o menos”.

No obstante, advirtió que “nos faltan conexiones a Internet y otras cosas como formación en nuevas tecnologías” y que “hemos cambiado el modelo cultural ya que la cultura del libro ha dado paso a la cultura de la imagen”. Por ello, como profesor de Geología, recomendó el uso de la Red porque, en su opinión, es un “mecanismo fundamental” en el nuevo rol del profesor que es de “acompañante del estudiante en la búsqueda del conocimiento”.

Por su parte, el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, reconoció que “las TIC hay que irlas incorporando desde las instituciones” y he hecho apostó por hacer un esfuerzo “especial” ya que para él  “son las herramientas para poder mejorar los procedimientos administrativos”.

En este sentido, habló del esfuerzo realizado desde el consistorio en el campo de la “alfabetización digital” y que ha hecho posible que más de 4.000 personas reciban en estos momentos formación gratuita y aseveró que, en el ámbito de la educación, “las TIC están vinculadas con un acceso a la información importantísimo”.

Por último, Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica señaló que el de hoy es un día “significativo e importante” porque se cumple un año desde que se puso en marcha Educaparty, un programa que nació tras otras experiencias anteriores como Educared, debido al convencimiento de que “la educación es la clave para el futuro del país”.

Así, concluyó que “la integración de las TIC presenta problemas y sólo con el apoyo de lo profesores  haremos de la educación una herramienta de futuro y que entren en la escuela”.

El vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), Francesc Santacana, ha afirmado hoy en Santander que “la empresa no acude a la universidad para sus proyectos de investigación”. Es más, ha asegurado que sólo un 3´5 por ciento de las empresas “que se califican como innovadoras” mantiene una colaboración con la universidad española.

De hecho, en el transcurso de la inauguración del Encuentro `Formación y transferencia de conocimiento: renovando el diálogo entre la universidad y la empresa´, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), reconoció que el enlace entre la universidad y empresa, en I+D+i,  “en el que se viene trabajando desde hace 25 años, presenta una clara dicotomía”.

“Las universidades parecen responder mejor a los requerimientos de las empresas que a la propia oferta que pueden hacer para interesar a las empresas”, relató Santacana quien añadió, además, que “las empresas tienen unas demandas y las universidades se ajustan a esta demanda con una cierta facilidad. En cambio, las universidades no parecen muy preparadas para promover activamente su oferta que es muy potente para interesar a las empresas”.

Santacana se refirió también a las conclusiones del informe elaborado este mismo año por la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre la relación entre universidad y empresa. Así, señaló que los titulados universitarios cuentan con mejores oportunidades para acceder a un empleo -con tasas de actividad de más del 80 por ciento, frente al 60 por ciento de la población con estudios secundarios y al 30 por ciento con estudios primarios-  y que obtienen un 40 por ciento más de ingresos que los de educación Secundaria.

En este sentido, alertó de la existencia de  un “desajuste” entre la oferta de puestos de trabajo de alta cualificación y la demanda de este mismo empleo que produce, en su opinión, una “sobrecualificación”. En este sentido, avanzó que, en el conjunto de España, el 32 por ciento de los ocupados tiene estudios superiores pero un porcentaje menor desempeña ocupaciones propias de este nivel.

Por todo ello, aseveró que, “para modificar estos desajustes, desde la Fundación CYD se aboga por la promoción de las aptitudes empresariales de los estudiantes y de los profesores, la obtención de competencias para el trabajo desde la formación universitaria y el ajuste de la formación al requerimiento de los puestos de trabajo”.
 
Además, abogó por la necesidad de renovar el diálogo entre universidad y empresa para “ir más allá”, una idea que fue aplaudida por el presidente de la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Oviedo, Juan Antonio Vázquez, quien calificó como “decisiva” la relación y el diálogo entre ambas partes que “ha avanzado mucho” aunque “hace falta decir más cosas”.

Así, Vázquez insistió en la necesidad de abordar, con la ayuda de la administración, tres cuestiones importantes para la universidad y la empresa como son, a su juicio, la apuesta por el I+D+i como tercera misión de la institución académica; su reorganización en el Espacio Europeo de Educación Superior; y el mecenazgo empresarial como fuente de financiación universitaria.

Aspectos todos ellos que se debatirán hoy y mañana en este foro inaugurado hoy en la UIMP y en el que su rector, Salvador Ordóñez, reconoció que coincide con uno de los principios fundacionales de la institución académica, que este año cumple su 75 aniversario, como era la organización de Encuentros, “entendidos éstos como una reunión entre personas preminentes, que tienen algo que decir”.

La experta en bioética y miembro del Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de la Calidad Hospitalaria del Hospital Virgen del Camino (Pamplona), Marga Iraburo ha afirmado hoy en Santander que un médico “no tiene derecho a conocer la intimidad del enfermo si no va a ser beneficioso para el paciente”.

Iraburu, que participó en una rueda de prensa posterior a su intervención en el Seminario ‘Tecnologías de la información y la comunicación: tendencias y experiencias en atención sanitaria’ organizado por la UIMP, señaló que la historia clínica informatizada es un instrumento que tiene unas “ventajas brutales” para la asistencia “porque lo importante” para atender bien al enfermo es conocer “todo lo que le ha pasado a lo largo de la vida”.

“Hasta ahora”, comentó, “teníamos multitud de historias clínicas y todas incompletas” y ahora, remarcó, “en un  único soporte” está toda la información “desde que naces hasta que mueres de manera ordenada, legible y accesible desde cualquier punto de la red pública”.

La experta en bioética hizo hincapié en la facilidad con que se realizan los trámites ya que los pacientes “pueden pedir sus propias citas a través de Internet”. Así, señaló que también es “mucho mejor para ver luego indicadores de salud y para hacer planes para el futuro” porque, al estar todo informatizado, se puede “explotar mucho mejor” toda esa información.

En este sentido, explicó que lo que el ciudadano “pide a cambio” es que “nadie que no deba” entre en ese ámbito porque aunque “los profesionales tienen deber de secreto”, lo que “hay  que conseguir” es que cada profesional “sólo acceda a aquello que el paciente necesite” para prestarle “una buena atención”.

Así, resaltó la importancia de “personalizar mucho los accesos para no invadir la intimidad del paciente más allá de lo necesario”. En este sentido alabó la función de la historia clínica informatizada que “deja un rastro de cada uno que entra” por lo que “hay que justificar el motivo de su acceso”.

Una medida, destacó, que permite “proteger” la intimidad del paciente  y que además, concluyó, es “legalmente un derecho protegido incluso más allá de la muerte”.

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, ha afirmado hoy que el Ejecutivo regional “ya está trabajando en el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público”. Según explicó, el objetivo es presentar “a lo largo de esta legislatura” un proyecto de Ley en el Parlamento de Cantabria “donde vamos a establecer las líneas programáticas básicas de lo que debe ser el empleo público”, tanto en la administración regional como en las locales.

Mediavilla, en un encuentro con los medios tras asistir a la inauguración oficial del seminario ‘El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público’, anunció que desde el Ejecutivo regional se propondrá la “creación de un grupo de trabajo específico”. En él estarán representados tanto personal de la administración pública del Gobierno de Cantabria como miembros de la Federación de Municipios, así como una comisión de expertos para desarrollar cuestiones como “el acceso al empleo público en la región, la carrera administrativa o la evaluación del desempeño”.

En este sentido explicó que el Gobierno pretende implantar técnicas organizativas en las cuales se valore “especialmente” el desempeño del trabajo de cada empleado público y que tenga “repercusiones” desde el punto de vista retributivo y de su carrera profesional.

El consejero advirtió de que el proyecto de Ley no se realizará “con prisa”, porque “creemos que hay que tener un poco de prudencia en ver cómo se van a desarrollar las experiencias en otras comunidades”, si bien reiteró que “ya estamos trabajando en esta Ley y en la nueva ley de Función Pública”.

Recordó que el Estatuto Básico responde a lo que es una norma básica, una norma de principios donde se “permite” que cada comunidad autónoma “establezca su propio sistema organizativo de empleo público”.

Adelantó que la ley en Cantabria “va a ser muy parecida”. Consideró “bueno” que se establezca la ley de función pública de Cantabria, de la que resaltó “los principios inspiradores” de lo que debe ser “nuestro empleo público”, para luego establecer a nivel de desarrollo reglamentario “las cuestiones más concretas”. 

Mediavilla concluyó que “vamos a establecer un marco normativo que sirva para la administración pública del Gobierno de Cantabria durante para muchísimos años”, así como para el resto de administraciones “presentes en nuestra comunidad”. 

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha asegurado hoy en Santander que el Estatuto Básico del Empleado Público es “el punto de partida” para conseguir una administración “más moderna, más ágil y más adaptada a las necesidades actuales”.

En este sentido apostó porque las administraciones públicas del siglo XXI sean “más competitivas, más cooperativas y más próximas al ciudadano”. Como ministra responsable de esta área afirmó que “espero y deseo contar” con la colaboración de todas las administraciones, las organizaciones sindicales, los expertos y los empleados públicos, “todos comprometidos en este esfuerzo común de hacer la reforma que España necesita”.

Salgado inauguró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el seminario ‘El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público’, en un acto en el que también intervinieron el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez; el delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez; el consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Vicente Mediavilla, y la directora del curso, Elisenda Malaret i García.

Según la ministra, el nuevo Estatuto supone una novedad al ser desarrollado  por normas con rango de ley, por leyes de función pública de las comunidades autónomas y por la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. Además, será un instrumento que “permitirá mejorar la gestión del factor humano” en las administraciones públicas y “satisfacer las demandas de los ciudadanos que reclaman derechos más amplios y que son cada vez más exigentes con los responsables políticos y administrativos”.

En su opinión, la nueva normativa contiene “una visión realista” del concepto de legislación básica, afirmando que “muchos de sus preceptos tienen carácter principal, carecen de un espíritu reglamentista y abren espacios para la diversidad” en su desarrollo posterior por parte de las administraciones públicas territoriales.

Salgado aseguró que será “una oportunidad para pensar y rediseñar el modelo de administración pública que nuestras sociedades requieren”, teniendo en cuenta los cambios experimentados por las empresas, la demografía, los sistemas de autogobierno y “por tanto, por la administración”.

Destacó la importancia de innovar en el empleo público, para así dar respuesta a lo que se demanda de las administraciones públicas. Por ello, destacó que el Estatuto es un “buen principio que va a permitir articular las propuestas realizadas” desde las distintas administraciones. 

La ministra relató los principios que ha incorporado el Estatuto sobre legislación básica.  Señaló que había que contar con la “consolidada” distribución territorial del poder político que dio lugar por parte de las administraciones autónomas “a lecturas que no coincidían con la preexistente”. Además, recordó que la Administración General de Estado es la que cuenta con menos empleados públicos, por lo que “no era procedente que se impusiera el modelo al resto” de las administraciones públicas.

En este sentido, añadió que “no era posible diseñar un Estatuto detallado que tuviera en cuenta las diferentes perspectivas de las autonomías sin la flexibilidad necesaria para estas administraciones, también cambiantes”.

El modelo, según aseguró la ministra, introduce figuras novedosas en nuestro ordenamiento que ya existen en otras funciones públicas y en el sector privado, entre las que citó “personal directivo, código de conducta y evaluación del desempeño”. Asimismo incluirá normas comunes para personal funcionario y laboral.

Según explicó, las administraciones deben de ser “proactivas” y apostó por fomentar la innovación y la evaluación “dos cuestiones a las que no se ha dedicado suficiente atención” y cuya puesta en práctica hará que “tengamos el sector público que España necesita”.

Referéndum en el País Vasco
 
Por otra parte, la ministra, en un encuentro con los medios después de la inauguración del curso, aseguró que el anuncio este fin de semana del lehendakari, Juan José Ibarretxe, de convocar el referéndum sobre autodeterminación “no es posible”, ya que no se ajusta “a nuestro marco constitucional”.

Preguntada sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, Salgado señaló que el Ministerio de Economía y Hacienda “está trabajando en diseñar uno nuevo”, pero descartó que se concluya en la actual legislatura. Añadió que es un compromiso del Gobierno porque “evidentemente nuestro país ha cambiado” y porque cuando se aprobó el anterior “se tuvo una escasa visión de lo que iba a ser la demografía de nuestro país”.