La secretaria general para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, Mercedes Elvira del Palacio Tascón, ha apostado hoy en Santander porque el proceso de selección en la oferta de empleo público tenga también en cuenta la “actitud y aptitud” de la persona que opte al puesto.
Según explicó durante la clausura del seminario ‘El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público’ que se ha celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), se debe “reequilibrar” los criterios a evaluar. Aseguró que sin renunciar al componente memorístico, se “deben incluir otras pruebas que contribuyan a valorar la aptitud y la actitud”.
Señaló que la administración pública tiene la obligación de reclutar “a los mejores profesionales posibles”, añadiendo que “tienen que continuar siéndolo durante toda su vida profesional hasta la jubilación”. En este sentido, matizó que la Administración General del Estado “respeta escrupulosamente” los principios constitucionales de mérito y capacidad.
En su opinión, Estatuto Básico del Empleado Público supone “un modelo a imitar”, que establece una regulación “comprensiva” de todo el empleo público, “con independencia” del régimen jurídico que vincule al empleado publico con la administración.
Sobre la evaluación del desempeño, expresó dos convicciones. Afirmó que vincularla “exclusivamente” a un premio retributivo es “el principio del fin”. En este punto recordó que “ya lo hemos vivido con la productividad”, que en su opinión se ha “esclerotizado” con el paso del tiempo hasta generar un modelo retributivo “excesivamente rígido”. Además, subrayó que “pergeñar” un modelo evaluador demasiado burocratizado “no es el principio del fin, es el fin”.
Del Palacio llamó a la colaboración de todas las administraciones y de las organizaciones sindicales recordó que los ciudadanos a través de su representación parlamentaria “han sido extraordinariamente generosos con los empleados públicos reconociendo un amplísimo catálogo de derechos”.
Así, el Estatuto “nos confiere un estatus social y un prestigio cívico en forma de catálogo de derechos que garantizan nuestra posición”. Por ello, quiso expresar que “compete a los empleados públicos individualmente y a través de nuestros representantes el ejercicio de una responsabilidad al menos equivalente”.
