El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, ha reconocido hoy en Santander que el actual sistema de concesión de derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos presenta algunas “deficiencias”. Por ello, anunció que este organismo “próximamente” emitirá un informe para proponer algunos cambios regulatorios al respecto. 

En un encuentro con los medios, previo a su intervención en el Encuentro `Justicia y medios audiovisuales´, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), recordó que, en el campo audiovisual, las empresas “compiten” para conseguir audiencia en la medida en que una mayor audiencia significa mayores ingresos por publicidad.

“Para conseguir este objetivo, se precisa tener derecho a contenidos que sean atractivos para el público, particularmente si son en régimen de exclusiva”, explicó Berenguer quien  afirmó, además, que estos contenidos han planteado “conflictos” ante las autoridades españolas de la competencia para la obtención de derechos, por ejemplo, para la retransmisión de acontecimientos deportivos, particularmente en materia de fútbol.

Precisamente, en este sentido, aludió a la “guerra del fútbol” que en los últimos días han protagonizado dos grupos mediáticos y que se ha reabierto, a su juicio, porque “es algo recurrente”. De hecho, puntualizó que, “cada cierto tiempo, hay conflictos en materia de retransmisión de partidos de fútbol pero también en cuanto a las exclusivas que un determinado grupo tenía en las películas de estreno que podían resultar más atractivas para los espectadores”.

Preguntado sobre cuál podría ser la solución que ponga fin al conflicto entre Audiovisual Sport y Mediapro, Berenguer respondió que ésta podrá venir por un acuerdo entre las partes. Eso sí, advirtió que, “si fuera contra la libre competencia, puede ser objeto de actuación por parte de las autoridades de la competencia o de una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia”.

En este sentido, explicó que, hace algo menos de un año, se sometió a la consideración de las autoridades de la competencia una operación de concentración consistente en la toma en exclusiva del control de Audiovisual Sport por parte de un grupo mediático.

Es más, añadió que el Tribunal de Defensa de la Competencia emitió su informe y el consejo de ministros aprobó la concentración, de acuerdo con un informe de la competencia. No obstante, dijo que tiene entendido que el contrato que dio origen a la concentración “no se ha cumplido o hay un conflicto respecto a ese contrato sobre el que no entro”.

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, insistió en que la actuación de los medios de comunicación no solamente se desprende del artículo 38 de la Constitución, que se refiere a la libertad de empresa, sino que tiene relación también con el artículo 20, es decir, con aquel que regula la libertad de expresión y el derecho a recibir y a emitir información veraz y objetiva.

Por ello, afirmó que hay determinadas características desde la óptica de la competencia que inciden directamente en la actuación de los medios de comunicación entre las que citó, por ejemplo, las “barreras de entrada” entendidas como los inconvenientes que existen en el desarrollo de una actividad económica.

Berenguer aseveró que tanto la radio como la televisión emitida por ondas terrestres no desarrollan su actividad en un régimen de libre empresa sino que lo hacen a través de una concesión administrativa que está basada en la utilización del espacio público y las limitaciones del espectro radioeléctrico.

Esa situación aseguró que plantea determinados “problemas” en cuanto que no todos los operadores que desean ejercer una actividad en este medio pueden hacerlo si cumplen determinados requisitos sino que deben esperar a que haya una actuación de las autoridades públicas y que les conceda la autorización en régimen de concesión para el ejercicio de esta actividad.

Por todo ello, concluyó que en los medios de comunicación tiene que estar presente no sólo el principio de la libre competencia sino también el de pluralismo informativo ya que, en su opinión, “es especialmente importante ahora que no se produzca una concentración de poder en manos de un solo grupo porque impondría su orientación editorial o ideológica y no seria reflejo del pluralismo que comporta toda sociedad abierta y democrática”.

El magistrado del Tribunal Supremo Ricardo Enríquez Sancho ha afirmado esta mañana en la UIMP que lo que no pueden hacer los ayuntamientos es “al socaire de la exigencia del plan de actuación, imponer condicionamientos técnicos competencia del Estado”.

Enríquez hizo esta afirmación durante su ponencia en el curso ‘Justicia y medios audiovisuales’. Una conferencia que abordó “las cuestiones más planteadas y significativas ante el Tribunal Supremo” referidas a este ámbito. Por otra parte, el magistrado enunció una sentencia del tribunal en la que se asegura que “la competencia estatal para ordenar las telecomunicaciones no puede excluir la municipal derivada de la protección del dominio público o de los intereses medioambientales”, si bien “los planes y ordenanzas de los ayuntamientos no pueden traducirse en restricciones absolutas ni limitaciones desproporcionadas”.

En esta línea, Enríquez aseveró que se han planteado discrepancias sobre si las licencias municipales necesarias para las operadoras deben ser las referidas a “actividades molestas, nocivas para la salud o peligrosas” ya que “no están reguladas unánimemente por las diferentes comunidades”. A este respecto aseguró que “las soluciones del Tribunal Superior de Justicia no son coincidentes y no ha podido unificar criterios debido a que en cada caso se aplican normas de derecho autonómico”.

Otra cuestión destacada por el magistrado es la problemática derivada de las ordenanzas que imponen el uso compartido, bien del suelo o de la infraestructura, por parte de las operadoras. Un uso ante el que, según Enríquez, “el Tribunal Supremo se muestra favorable”.

Otro problema derivado de los planes de actuación es el de los límites temporales que los consistorios establecen para realizar nuevas obras, sobre emplazamientos anteriores, de las operadoras. En este sentido “el Tribunal Supremo aplica criterios de proporcionalidad”, aseveró Enríquez.

Como ejemplo de este caso el magistrado departió sobre una sentencia que dejaba sin vigencia el plazo de 20 años establecido por la ciudad de Burgos para modificar las instalaciones de su núcleo viejo. El motivo fue que esa protección no podía prevalecer sobre “el derecho de los usuarios de disfrutar de los servicios de vanguardia”.

Enríquez destacó al respecto que “las operadoras alegan que debido a la naturaleza del sector es imposible hacer previsiones a mas de dos años”.

En lo referente a conflicto entre salud e instalaciones como repetidores de telefonía móvil, el magistrado aseveró que desde fomento se controla este aspecto regulando las emisiones muy por debajo de los límites considerados perniciosos por la normativa europea aunque “no es una cuestión cerrada ya que existe debate en la comisión permanente y se ha pedido que se revise”.

A pesar de que el límite de emisión mencionado parece no plantear conflictos significativos al ser “una materia exclusivamente estatal”, el Tribunal Supremo ha considerado aceptable que ayuntamientos como el de Santander puedan requerir informes a este respecto. Además de los conflictos destacados el magistrado Ricardo Enríquez hizo mención de cláusulas como las que han intentado “condicionar la tecnología de las operadoras” y “las de contratación de un seguro de responsabilidad civil” competencia según Enríquez “evidentemente del Gobierno”.

La Profesora Titular de Orientación e Intervención Psicopedagógica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Consuelo Vélaz de Medrano, ha considerado hoy en Santander, que las diferencias entre la Universidad y la Formación Profesional “son cada vez menores”, a pesar de que tienen distintas “funciones” en la formación de las ocupaciones.

Vélaz de Medrano, quien está participando en el curso de formación del profesorado de Formación Profesional que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), bajo el título La orientación profesional permanente, agregó que la principal diferencia entre ambas, es que en la universidad existen “la investigación y la reflexión sobre la práctica”, que son un “añadido” para la formación para el empleo.

“La FP ha crecido en prestigio y en alumnos desde hace años”, dijo la profesora de la UNED, quien además declaró que los jóvenes, “ya no establecen relación directa entre formación universitaria y un mejor trabajo, mayor cualificación o mayor salario”, debido a que, según explicó, “la realidad demuestra que no es así”.

En la actualidad “hay muchas más cualificaciones, en familias profesionales muy atractivas” para la gente joven, aseguró la también doctora en Ciencias de la Educación. “Incluso, ha integrado profesiones”, continuó, “que no estaban contempladas en el ámbito universitario con las competencias que el perfil del puesto demandaba”. En este sentido, opinó que este aspecto “se irá desarrollando con el tiempo, como ha pasado en otros países de Europa”.

Como ejemplo de la inclusión de “nuevas” profesiones, Vélaz de Medrano expuso la profesión de “restaurador de obras de arte”, la cual antes era impartida en centros privados, “sin reconocimiento oficial”, y destacó, “sin dar respuesta al puesto de trabajo”.
 
Con respecto a los orientadores y su trabajo en el marco de la Formación Profesional, la experta comentó que, además de “ser cada vez más amplio”, a su vez “debe responder a las directrices de la Comisión Europea”, las cuales lo consideran un “actor clave” de la educación, y una “deuda” que tiene el sistema de formación, “tanto el universitario como el permanente”.

Según la también presidenta de la Asociación Madrileña de Orientación y Psicopedagogía, los orientadores “deben tener un conjunto de competencias variado”, que esté compuesto, por una parte por aptitudes “comunes a su familia profesional”, es decir a “la educación”.

Por otro lado, debe contar también con “competencias especificas”, que tienen que ver con “el asesoramiento, la información, o el acompañamiento y la orientación en el proyecto personal de vida”, entre otros aspectos.

Además de estos dos conjuntos de aptitudes, Vélaz de Medrano aconseja que es necesario “defender” que haya unas competencias profesionales “situadas en el contexto e trabajo”, ya que según comentó, “no es lo mismo trabajar en la escuela secundaria, que en ciclos formativos de grado medio. Por este motivo, abogó por “hacer trayectorias y perfiles de un mismo profesional”, aunque puntualizó, “adecuado a los contextos y los puestos de trabajo concretos”.

“Si la educación es un derecho a lo largo de la vida, la orientación también”, afirmó la profesora, lo cual significa que “tenemos que defender la formación” de estos profesionales, ya que “se enfrentan a demandas muy diversas”, como, por ejemplo, “la terapia y la orientación familiar”, y que, insistió, hasta el momento “no tienen la formación que necesitan para desempeñar su trabajo”.

MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE

  09:50 ENCUENTRO INFORMATIVO. Comedor de Gala

Encuentro ‘Justicia y medios audiovisuales’

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer Fuster, atenderá los medios de comunicación diez minutos antes de su intervención en el curso.

 11:00 RUEDA DE PRENSA.  Sala de Prensa

Encuentro ‘Imposición patrimonial y sucesoria. Diferencias territoriales y oportunidades para el contribuyente’

Intervendrá Rubén Candela Ramos, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

12:00 RUEDA DE PRENSA.  Sala de Prensa

Curso de Formación del Profesorado de Formación Profesional ‘Nuevas perspectivas de la Formación Profesional’

Intervendrá Mª Soledad Iglesias Jiménez, subdirectora general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia.