Santander, 8 de julio de 2008.- El  doctor Luis Montes, ex jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés,  ha asegurado hoy en Santander que el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su propia muerte “tiene que ser debatido y decidido por una consulta popular”, sin “depender” de los partidos políticos que ostenten el poder.

Montes, relevado por la Comunidad de Madrid de su cargo tras las denuncias de mala praxis en la sedación de pacientes terminales, destacó la necesidad de “poner fechas al debate” porque en caso contrario “no lo vamos a tener nunca”. El doctor, que dirige en la UIMP el seminario ‘Muerte digna, asistencia ante la muerte’, afirmó en rueda de prensa que “el derecho a la muerte” es un derecho ciudadano “que tenemos que hablar y debatir sosegadamente”.

En este sentido señaló  que “estamos en el momento” para “dar el siguiente paso” y consideró “poco serios” los condicionamientos que se dan para abrir el debate. Matizó que  “no hay que confundir las cosas” y diferenció entre muerte digna, calidad de muerte y cuidados paliativos.

Preguntado sobre la declaración de voluntades anticipadas o testamento vital, aseguró que la puesta en marcha de la ley y el número de peticiones que se registren muestran “cómo está el tema en la sociedad”. Montes destacó asimismo los decretos que se están desarrollando en las Comunidades Autónomas y se refirió a los casos de Andalucía y Cataluña como “puntos importantes”.

Por su parte,  el doctor Joaquín Insausti,  responsable de la Clínica del Dolor  del Hospital Severo Ochoa, afirmó que el escándalo en el que se vieron implicados varios médicos de este centro hospitalario es “totalmente artificial”. En su opinión “sólo pequeños grupos marginales y de una ideología excesivamente conservadora pueden tener reticencias sobre el tratamiento del paciente terminal”.

Insausti consideró que la sociedad “tiene claro” que todos “tenemos derecho a vivir dignamente, pero también a morir dignamente”. Apuntó que tanto la sociedad como los médicos “y todos los que estamos en contacto con este tipo de pacientes tenemos que pelear porque eso sea un derecho reconocido”.

En su opinión, las personas que soliciten la eutanasia “nunca van a ser una mayoría”, pero abogó por afrontarlo y “no mirar para otro sitio”. Defendió que cada persona “debe  decidir cómo quiere vivir, hasta dónde quiere vivir y cuándo quiere morir”, una de las “pocas libertades que nos quedan por conseguir” y por la que “hay que luchar”.

Abogó por el consenso y por evitar que “ocurra lo de siempre”, refiriéndose a la aprobación de una ley y a su posterior derogación con un cambio de Gobierno.

Asimismo consideró que “hay que extender la cultura del tratamiento del dolor y asistencia en la agonía del tratamiento paliativo” en los últimos momentos de la vida. De esta manera se crearía “una cultura dentro del sistema sanitario” que permitiría “dejar las unidades del dolor para un grupo muy pequeño de pacientes, que presentan un cuadro clínico especialmente complicado, que no se puede resolver en las condiciones normales”.

En caso contrario auguró que las unidades de paliativos estarán “totalmente desbordadas”. En este sentido recordó que el 60% de los pacientes no tiene acceso a una unidad de paliativos y lamentó que pacientes con dolor crónico “no pueden acceder a una unidad del dolor porque están saturadas viendo pacientes que tendrían una solución sencilla”.

Insausti matizó que crear unidades de paliativos “no es la solución de todos los problemas” y consideró que “aunque la totalidad de la población tuviera acceso a una unidad de paliativos, eso tampoco soluciona el tema de la eutanasia”.

“Ese antagonismo que se quiere marcar de que la eutanasia surge cuando no existen cuidados paliativos, es falso”, concluyó.