Santander, 17 de julio de 2008.- El magistrado Juan del Olmo ha declinado hoy en Santander realizar una valoración sobre el fallo del Tribunal Supremo de ratificar la absolución de ‘Mohamed El Egipcio’ por su implicación en los atentados del 11-M de 2004 en Madrid, donde murieron 191 personas.

Del Olmo, instructor del sumario en su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional, aseguró en rueda de prensa previa a su intervención en el Seminario ‘La policía científica del siglo XXI en el marco europeo’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que pertenece a ese poder judicial y que sabe perfectamente que “cumple sus funciones”.

En este sentido, añadió que sobre los atentados del 11 de marzo y del 3 de abril de 2004 “no he hecho ninguna manifestación, ni durante la fase de instrucción, ni en el momento en que era competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolver”. Por ello, aseveró que, “por supuesto, no voy a hacer ninguna valoración pública sobre ninguna resolución judicial”.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia aseguró que leerá “con detenimiento” la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, si bien “hasta que no sea conocido el contenido íntegro, como jurista no puedo dar ningún tipo de opinión”.

Tanto Del Olmo como el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Gómez García, coincidieron al subrayar la necesidad de que todas las partes implicadas en la investigación de atentados o grandes catástrofes “actúen de forma coordinada y complementaria”, para lograr el esclarecimiento de los hechos y determinar los autores.

Gómez García destacó la “inminente” publicación en el BOE de un Real Decreto respaldado por los ministerios de Justicia e Interior, que establecerá un protocolo de actuación nacional en grandes catástrofes  y sucesos con múltiples víctimas.

En la misma línea explicó que en su elaboración participarán la Comisaría General de Policía, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil y los institutos de Medicina Legal y de Toxicología, de manera que tanto los laboratorios de Interior como de Justicia trabajen “de una forma coordinada” para poner pruebas a disposición de la autoridad judicial.