Santander, 23 de julio de 2008.- El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad de Cantabria, Jesús Miguel Oria, ha asegurado hoy en Santander que la Ley de Desarrollo Rural de Cantabria “establece zonas con distintas intensidades de actuación según el grado de ruralidad”.

En este sentido, agregó que “puede ser un instrumento muy valioso” ya que en Cantabria “pretendemos adaptarla e impulsarla a nuestra realidad”, para tratar de promover una ley de desarrollo rural “específica para nuestra región”.

Así lo afirmó en una rueda de prensa posterior a su intervención en el Encuentro ‘Agricultura multifuncional y el pago por servicios ambientales’ de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que intervino junto al director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Jesús Casas Grande.

Oria señaló que esta “visión vertebradora” de la actividad agraria “no debe limitarse” a aquellas zonas “más desfavorecidas” como las de interior, sino que también en las “zonas periurbanas” la actividad agraria “debe tener un papel fundamental”.

En su intervención ante los medios, el consejero explicó el concepto de los “pagos por servicios ambientales”, que forman parte del Programa para el Desarrollo Rural (PDR) de Cantabria y que la Consejería aplica a través de “dos vías”: las ayudas agroambientales y el apoyo a los agricultores en zonas de montaña.

En la misma línea, indicó que estas medidas, que sirven para dotar económicamente los servicios que prestan los ganaderos en el mantenimiento del territorio y del paisaje, ocupan un “lugar importante” entre las prioridades del Gobierno de Cantabria y de la Consejería. De hecho, hizo hincapié en que en el PDR de la región para el período 2007-2013 ambas vías “cuentan con una dotación económica de casi 56 millones de euros”.

Por su parte, el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino indicó que en los últimos veinte años las administraciones públicas han hecho un “gran esfuerzo” por trasladar recursos al mundo rural.

No obstante, Casas Grandes aseveró que dicho esfuerzo “no ha impedido que la sociedad en general siga teniendo una deuda de equilibrio con el mundo rural”, a pesar de que cada vez “somos más conscientes” de que el mantenimiento de un medio ambiente “sano” para todos los ciudadanos “depende de la conservación del mundo rural”.

“Tenemos bastante trabajo por delante”, reconoció Casas Grandes, quien consideró necesario “poner en marcha la gestión”, es decir, “pasar de la palabra a los hechos”. Así, abogó por desarrollar “proyectos concretos” que sobre la práctica evidencien que “tenemos que conservar el mundo rural como un servicio vital de toda la sociedad”.