Santander, 30 de julio de 2008.- Representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Convergencia y Unió (CIU) han advertido hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, que no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 si no se produce por parte del Gobierno de España un mayor desarrollo de las competencias de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña.

Así lo indicaron en rueda de prensa los diputados en el Congreso de los Diputados del PNV y CIU, Emilio Olabarría y Jordi Xuclá, respectivamente, quienes demandaron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que adopte medidas “no cosméticas” para afrontar los requerimientos de una crisis “que adquiere dimensiones lacerantes en muchos ámbitos como, por ejemplo, el desempleo”.

Olabarría, que junto con Xucla participó en el Seminario ‘¿Nacionalismo versus regionalismo? ¿Cohesión versus pluralismo? Un análisis de la descentralización política desde la teoría y la experiencia‘, organizado por la UIMP, recordó que desde la aprobación de Estatuto de Guernica en el año 1979 “todavía hay 37 competencias pendientes de transferir” como, por ejemplo, la investigación científica y el desarrollo, la gestión del régimen económico y de la Seguridad Social o las políticas activas de empleo.

En ese sentido, denunció la “actitud cicatera” demostrada por el PSOE en la anterior legislatura en relación a las competencias “pendientes” e insistió en que Rodríguez Zapatero es “el único presidente que no ha transferido durante su mandato ni una sola competencia a la Comunidad Autónoma Vasca”.

También Xuclá hizo hincapié en que, dos años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, todavía no se haya desarrollado el modelo de financiación catalán y afirmó que las propuestas planteadas hasta ahora por el Gobierno de España “no satisfacen ni al PSC-PSOE”.

El diputado de CIU lamentó que tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como la ministra de Administraciones Públicas y diputada por Cantabria, Elena Salgado, afirmen que el desarrollo del estatuto catalán se está “cumpliendo bien y a buen ritmo” ya que el “gran traspaso” ha sido el de los usos de temporada de las terrazas de playa. Es decir, “la autorización de chiringuitos para los arenales catalanes”.

En su intervención ante los medios, Xuclá y Olabarría también se refirieron a los partidos regionalistas que, en su opinión, “se han consolidado”, aunque han nacido “a la luz” del Estado de las Autonomías.

Para el diputado del PNV las formaciones regionalistas son “un tanto efervescentes” y “normalmente ejercen una función de bisagra” ya que, a su juicio, aunque tienen ideologías “no muy bien definidas” gobiernan en algunas comunidades autónomas con partidos de ámbito estatal.

En términos similares se expresó el representante de CIU quien aseveró que “la expresión política” del nacionalismo vasco, catalán o gallego “no nace con la Constitución, sino que viene de mucho más lejos”.

Preguntados por las declaraciones realizadas por la catedrática de Ética, Victoria Camps, que en este mismo foro apostó por caminar hacia un Estado Federal para “reconocer las identidades y las peculiaridades de cada territorio, así como las distintas lenguas de una forma más rotunda”, los dos diputados rechazaron esta opción.

Xuclá respondió que el debate territorial “se debe serenar” y debe pasar por el reconocimiento del carácter “plurinacional, plurilingüístico y pluricultural” del estado español. Así, defendió la concepción nacionalista de España “no como un estado compuesto por 17 realidades fundantes del Estado, sino por distintas realidades nacionales con su identidad cultural y lingüística”.

Por su parte, Olabarría señaló que el PNV lo que propugna es que los ciudadanos vascos puedan decidir sobre su integración en España. Por ello, subrayó la “perfecta legalidad y constitucionalidad” del referéndum convocado por el Presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, al que calificó como una “consulta no vinculante en un contexto de paz”.

El diputado del PNV, que aseveró que el propio Tribunal Supremo establece la posibilidad de que se consulte a la ciudadanía como elemento de “democracia directa”, confío en que el Tribunal Constitucional, “si es congruente” en  base a su propia jurisprudencia, admita la legalidad de la ley de la consulta.