Santander, 7 de agosto de 2008.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, y el director general de Ordenación Sanitaria del Gobierno regional, Fernando Villoria, han coincidido hoy en Santander en señalar al arbitraje en la Sanidad como “posible alternativa” a los litigios en los tribunales por temas médicos.

Villoria explicó que esta alternativa se exploró recientemente en Cuenca durante un encuentro de consejeros de Sanidad de varias comunidades autónomas organizado por la UIMP y “gustó”. En este sentido afirmó que se evitaría “una gran ruptura de confianza en las instituciones”, aunque matizó que su puesta en marcha es “difícil”.

Tolosa por su parte consideró que se trata de un tema “a desarrollar”, recordando que los sistemas arbitrales “sólo” han funcionado en el ámbito laboral y el de consumo. Sin embargo afirmó que son “válidos” cuando lo que está “en juego” son los derechos de las administraciones públicas “siempre y cuando quieran someterse al arbitraje”.

Ambos hicieron estas declaraciones en rueda de prensa con motivo de su participación en el seminario organizado por la UIMP ‘Aspectos jurídicos, sociológicos y estructurales de la seguridad clínica’, donde estuvieron acompañados por el director del curso y jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Manuel Gómez Fleitas.

El director general de Ordenación Sanitaria del Gobierno de Cantabria apostó por “potenciar” las relaciones entre los profesionales del sector y los pacientes, de manera que el enfermo conozca “el proceso en el que está” y los posibles riesgos “sabiendo que hay un porcentaje minúsculo que puede dar lugar a una reclamación”.

Se  mostró partidario de “no cuantificar”, por lo que resaltó que “lo mejor es hacerlo bien a la primera”. De esta forma señaló que “el riesgo desde el punto de vista profesional debe ser cero”.

En este sentido se expresó también Tolosa, quien aseguró que los problemas de los ciudadanos “no se pueden afrontar desde un punto de vista estadístico” y en el caso de la seguridad de los pacientes “no podemos asumir ningún tanto por ciento”. Afirmó que los profesionales son “conscientes de las pautas de su actuación”, pero subrayó que como muestra la jurisprudencia “la actividad médica es una actividad de medios, no de resultados”.

El presidente del TSJC recordó que el problema puede abordarse desde la perspectiva de los profesionales sanitarios, que ya cuentan con alguna normativa aprobada en comunidades como Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid, y la de los pacientes. En este caso recordó la posibilidad de solicitar tanto de los profesionales como de la propia administración sanitaria que “se indemnicen los prejuicios que se hayan podido ocasionar”.

En este sentido afirmó que “sociológicamente estamos asistiendo a un incremento acelerado y progresivo de las demandas dirigidas contra la administración sanitaria” para la indemnización de los daños causados por la seguridad clínica, por los errores de diagnóstico o por problemas derivados del incumplimiento de la normativa del consentimiento informado, “los tres grandes bloques donde se producen las reclamaciones”.

Tolosa aseguró que en España “no hemos llegado a los niveles americanos, a la llamada medicina defensiva”, pero si matizó que cada día “los protocolos de actuación se producen con mayor rotundidad como elemento defensivo frente a futuras reclamaciones”.

Villoria por su parte destacó el interés de la Consejería de Sanidad por describir convenios de colaboración con el Ministerio para ejecutar el plan de calidad para el sistema nacional de salud. En este sentido aseguró que se pretende que “existan protocolos homogéneos en todas las comunidades autónomas en aspectos relacionados con la seguridad de los pacientes”.

“Es un instrumento de cohesión del sistema nacional de salud y es un elemento de equidad, puesto que a cualquier paciente le van a atender de una manera similar en cualquier sitio”, concluyó.