Santander, 13 de agosto de 2008.- La presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, María Tardón Olmos, ha lamentado hoy en Santander que “por desgracia” es “bastante habitual” que a las mujeres agredidas les cueste reconocer que son víctimas de la violencia de género e, incluso, lo nieguen “aunque presenten síntomas evidentes”.

En este sentido, la magistrada hizo referencia al caso de Jesús Neira, el profesor que está en coma por defender a una mujer que estaba siendo maltratada en Majadahonda y que ahora niega la agresión, una situación que ha sido “muy dura y muy grave para él”. Sin embargo, valoró que Neira “podrá servir como testigo directo de una agresión que su víctima se niega a reconocer”.

Tardón, en un encuentro con los periodistas antes de intervenir en el Encuentro ‘Medios de comunicación, administraciones públicas y violencia de género’ que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), afirmó que “afortunadamente” la Justicia puede llegar a sancionar a través de testimonios e indicios “que se ha producido una agresión”.

Preguntada sobre la falta de medios en los juzgados y las dificultades para el cumplimiento de la Ley de Violencia de Género, reconoció que los recursos suponen “un problema muy grave” al tratarse de “un fenómeno de unas proporciones enormes”.

En su opinión, “los juzgados según nacen ya están saturados con la cantidad de denuncias y la cantidad de actuaciones que tienen que acometer”, pero quiso matizar que “se están haciendo grandes esfuerzos y grandes cosas”.

Citó como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, donde se registran anualmente 120.000 denuncias por malos tratos desde que se produjo la entrada en vigor de los juzgados de violencia sobre la mujer en junio de 2005.            Aspectos como las condenas o las órdenes de protección obtienen ahora “una respuesta mucho más ágil y especializada”, aunque recordó que “nos queda mucho por recorrer porque el fenómeno es muy amplio”.

La magistrada consideró “urgente” la puesta en marcha de “más órganos judiciales y mejor dotados” que cuenten además de con un juez o un fiscal con “personal que ayude a valorar una determinada situación”. De esta manera consideró “fundamental” el apoyo psicosocial que “permita saber si hay una situación de riesgo y un conflicto”, porque la violencia de género “aflora como la punta del iceberg”.

Sobre su propuesta de crear un estatuto jurídico propio de las víctimas como posible solución aseguró que la Ley Integral contra la Violencia de Género otorga a la víctima “un mayor protagonismo y una mejor atención”, pero consideró que la persona agredida “a veces no está bien tratada ni bien estructurada en el proceso penal”.

Apostó por “mayor protección y atención a las mujeres agredidas” y subrayó que hay que intentar evitar “tantas actuaciones” que producen la denominada “victimización secundaria”, es decir, el maltrato que “entre todos vamos dispensando a una víctima que tiene que contar en diferentes instancias una y otra vez la agresión”.