Santander, 14 de agosto de 2008.- El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, ha afirmado hoy en Santander que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, “ha llegado el momento” de reformarla para hacerla “más perceptible y eficaz”.
López afirmó en rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que, aunque esta norma aportó “elementos esenciales” que han favorecido la lucha contra la violencia, “no pasa nada por rectificar y reconocer que se cometieron algunos errores”.
En su intervención ante los medios, previa a su participación en el Encuentro ‘Medios de comunicación, administraciones públicas y violencia de género’, López insistió en que la Ley contiene “muy buena voluntad y fines” pero, en su opinión, “no ha acertado en algunos de los instrumentos que ha creado”.
En este sentido, se refirió a los juzgados especiales de violencia de género, que definió como “una especie de UVI coronaria con horario ambulatorio” que, según el portavoz del CGPJ, “sólo pueden alcanzar su máximo rendimiento” en aquellos partidos judiciales donde hay un número suficiente de juzgados para que se pueda crear un “equipo potente”.
“Estos juzgados no están funcionando porque comparten materias penales y civiles, que hacen inviable una especialización”, explicó López, quien abogó por la creación de juzgados “comarcalizados”, que atiendan a más de un partido judicial.
El portavoz del CGPJ comentó también que hacen falta medios personales y equipos que la propia Ley contra la Violencia de Género plantea y otros que no ha previsto. Así, defendió la creación de equipos de valoración del riesgo que padece cada posible víctima de la violencia machista porque, según dijo, “cometeríamos un error si a todas las mujeres en riesgo de ser maltratadas les diéramos la misma protección”.
En la misma línea, criticó que los juzgados especializados en violencia de género lleven asuntos civiles ya que, para él, “no tiene sentido que en Santander exista un juzgado de familia, y los asuntos derivados de la violencia de género, que son de familia, los lleve otro juzgado”.
“Un juez penal no es un juez de familia y no podemos exigirle que se comporte como tal porque es un investigador, que usa el proceso penal para buscar pruebas que a la postre sean básicas para poder enjuiciar y condenar a un maltratador”, apostilló.
Eliminar la embriaguez y la confesión como atenuantes
Por su parte, la vocal del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y ex presidenta del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, Cristina Alberdi, abogó porque el alcoholismo “deje de ser un atenuante y pase a ser un agravante” en los casos de violencia doméstica ya que, en su opinión, “se utilizan los efectos del alcohol para tener una conducta agresiva”.
“Estoy absolutamente de acuerdo”, admitió López, quien abogó por eliminar también el carácter atenuante de la confesión en la violencia contra la mujer ya que “está pensado para delitos de difícil investigación que requieren un gran esfuerzo”.
López, que explicó que en la mayoría de los casos los hombres “matan a su mujer y a las pocas horas van a la comisaría a contarlo”, hizo hincapié en que la confesión “no puede servirles para atenuar la pena porque ya sabemos que esta delincuencia es así”.
Caso Neira
Preguntado por el caso del profesor Jesús Neira, que se encuentra en coma tras recibir una paliza por defender a una mujer de las agresiones de su pareja, el portavoz del CGPJ respondió que “recoge lo más negativo de la violencia de género” ya que no sólo hay un agresor sino también una víctima “que se niega a reconocer que está siendo maltratada”.
“Esa mujer no dice lo que siente porque está dentro de la espiral de la violencia que hace que asuma ésta como algo consustancial a su relación”, señaló López, quien apostó por “animarla para que rompa ese círculo, acabe con esto y denuncie”.
En este sentido, matizó que aunque el sistema puede condenar al agresor de Neira, si éste mejora y acude a testificar en un juicio, “el problema es que si esa mujer no rompe la espiral de violencia sería un éxito tírrico para la Justicia”.
Formación para inmigrantes
Respecto al aumento de casos de violencia de género entre la población inmigrante que reside en España, López recordó que en “España lleva muchos años haciendo esfuerzos para generar una educación basada en la tolerancia cero a las agresiones físicas y psíquicas”, pero cuando un extranjero viene aquí “el problema es que lo hace con una mochila cultural adquirida en su país”.
Por ello, apostó por hacer una política “muy activa” de comunicación ya que, a su juicio, “es un sector muy desfavorecido” porque la inmigración ilegal hace que muchas mujeres se encuentren con un “muro” para acceder a la protección legal y jurídica.
Precisamente, la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, María José Pérez-Cejuela, explicó que las campañas de su departamento están orientadas a tres destinarios –mujeres inmigrantes, discapacitadas y hombres- que “son los colectivos más vulnerables”.
La prensa no cumple la Ley
Alberdi también habló de la vejación que sufren las mujeres a través de los anuncios clasificados que los periódicos incluyen en sus páginas y que, para ella, “contribuyen a la violencia de género”.
La vocal del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que admitió que éste es un tema “muy controvertido”, aseveró que “el Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de ponerla fin” ya que la Ley Integral contra la Violencia de Género prevé que la Delegación del Gobierno pueda cesar la publicidad ilícita.
En este sentido, lamentó que el Ejecutivo incumpla la norma “de la que hace tanta propaganda” y se pregunto “si tiene miedo a El País, El Mundo o ABC”, medios que “están contribuyendo a la violencia de género, aunque luego hacen editoriales abogando por el fin de ésta”.
Cadena perpetua
Respecto a las declaraciones realizadas por el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, quien aseguró que el debate sobre la aplicación de la cadena perpetua a delincuentes que a pesar de haber cumplido con su condena no muestren arrepentimiento es “inútil porque está superado”, López señaló que no es así porque “no se ha producido”.
En cualquier caso, comentó que cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero reconoció que alimentar ese debate “está enmascarando otro más importante como es el fortalecimiento de nuestro Código Penal”.
Así, solicito “hacer un viaje” por los códigos penales de Europa para analizar si las respuestas del ordenamiento italiano, holandés o alemán ante fenómenos como la delincuencia organizada o los delitos sexuales.
El portavoz del CGPJ comentó que en casos de terroristas como Iñaki de Juana Chaos, el Código Penal en España obligaba a los jueces a hacer valoraciones de 2.000 o 3.000 años en función de los delitos cometidos, aunque luego permitía redimir penas por trabajo lo que hacía que el cumplimiento de penas de delitos graves “nunca iban a superar los 20 años”.
Por el contrario, insistió que en Francia el mismo tipo de delitos exige un cumplimiento mínimo de pena de 26 años y, a partir de ese momento, comienzan los juicios revisorios de reinserción.
“De Juana, una de las condiciones para obtener la excarcelación en Francia hubiera sido el arrepentimiento que en España no se le exige”, concluyó López, quien anunció que “afortunadamente, en nuestro país la legislación ha cambiado y desde el 2003 tenemos cumplimientos efectivos de condena, lo que hará que los terroristas del 11M cumplirán un mínimo de 30 años”.
No será sancionada
El portavoz del CGPJ dijo no compartir las declaraciones realizadas por la titular del Juzgado de Violencia de Género de Santander, María Jesús García Pérez, que calificó como “deleznables” ya que, en su opinión, “me parece una vergüenza que miembros de la carrera judicial digan semejantes barbaridades”.
No obstante, avanzó que “posiblemente no será sancionada ya que, según dijo, “habló dentro de la libertad de expresión”.