Santander, 17 de junio de 2009.- El Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar Belda, ha apuntado hoy en Santander a la “falta de equidad” entre los sistemas sanitarios autonómicos como una de las principales quejas en materia de salud ante el Defensor del Pueblo, junto a las listas de espera.

Aguilar Belda, quien ha intervenido en el seminario ‘Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor’  organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), añadió que estas diferencias entre autonomías “no se producen sólo en materia sanitaria”, sino también en otras, como la educativa.

El ex diputado y ex senador recordó asimismo la situación de 200.000 ciudadanos españoles que “por las reminiscencias del sistema anterior todavía no tienen derecho a la Seguridad Social”. Sin embargo, explicó que las razones “no responden a causas económicas sino jurídicas”.

Además, destacó que “más de un 80%” de las recomendaciones del Defensor del Pueblo “son asumidas por las administraciones”. En este sentido, recordó que “muchas autonomías” legislaron, en caso de listas de espera de excesiva duración, la posibilidad de que el paciente acudiese a la sanidad privada con el gasto a cuenta de la administración correspondiente.

Aguilar Belda remarcó que la Ley 41/2002, que regula la autonomía del paciente, supuso “un paso de gigante para contemplar la figura del paciente como consumidor”. Aunque agregó que, a su juicio, “todavía quedan lagunas de tono menor”, como el acceso a las historias clínicas de personas fallecidas.

También sobre la autonomía del paciente, el director del seminario y catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria, Jorge Tomillo, resaltó “la importancia del cambio de un sistema asistencial vertical, en el que el centro de gravedad es el médico, a un sistema horizontal en el que este centro de gravedad reside en el paciente, porque es quien toma las decisiones”.

El también director de la Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica de los Consumidores señaló que “el tránsito de un modelo sanitario de hace 2000 años a uno nuevo” sirve para que el paciente “disponga del principio de autonomía” a la hora de “consentir” los tratamientos a los que se debe someter.

Tomillo explicó que el principio de autonomía del paciente “supone que éste se autogobierna como consumidor”, por lo que “surge la obligación del médico de informar para llegar al consentimiento informado”.

Tomillo aseveró que este modelo de prestación del modelo sanitario “está en fase de eclosión y empieza a consolidarse y a tomar cuerpo”, entre otras razones porque “el principio de jerarquía se está diluyendo”. Sin embargo, reconoció que los cambios sociales “son de evolución lenta” además de que, en su opinión, “no sería sensato pretender una cambio social radical y rápido en la forma de comprender la relación entre el facultativo y el paciente”.