Santander, 2 de julio de 2010.- El presidente de la Asociación Morir Dignamente, Luis Montes, ha señalado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que la objeción de conciencia en el Servicio Público de Salud es “una insumisión al derecho” puesto que, a su juicio, los profesionales deben “respetar” la cartera de servicios que responden a las necesidades de los ciudadanos, sobre todo, “cuando el sistema de Salud esta apoyado en un sistema impositivo, que lo pagamos todos”.

En este sentido, el médico del Servicio de Anestesia del Hospital Severo Ochoa animó a los ciudadanos a reivindicar el debate de la “disponibilidad de la propia vida” ya que consideró que “si podemos planificarnos una buena vida, entran dentro de los derechos ciudadanos gestionarnos una buena muerte”. A su juicio, la ley debe “hacer un análisis de la realidad” y cubrir necesidades porque, dijo, “en España la gente muere de pena”. 

 Así lo dijo esta mañana durante su intervención en rueda de prensa con motivo del Seminario ‘Implantación de procesos de seguridad clínica: su dimensión jurídica y asistencial al inicio y al final de la vida’ en la que también participó la subdirectora de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud y directora del curso, Felisa Lois Cámara.

Asimismo, el doctor explicó que para llevar a su plenitud el principio regulador democrático de la autonomía del paciente, “tiene que discutirse y despenalizarse” la eutanasia activa y el suicidio asistido.”En una sociedad democrática la vida es un derecho y no se puede convertir en una obligación”, puntualizó.  

Por su parte, Lois Cámara anunció que en otoño comenzará en la Consejería de Sanidad de Cantabria un encuentro de reflexión entre profesionales sanitarios y juristas en el que “se redondearán” aspectos que, según dijo, “ya existen en esta comunidad”, como son “el consentimiento informado y el testamento vital”.

Según informó, en Cantabria “contamos con elementos sensibles” para abordar una reflexión que podría llevar a un debate “más profundo”, como es empezar a discutir “la garantía y seguridad” de que los ciudadanos puedan elegir “su modo de morir” y que esto “pueda dar lugar al desarrollo de una ley”. 

Además, la subdirectora subrayó la necesidad de “hacer totalmente presente” al paciente  en los debates y reflexiones puesto que, a su juicio, “son poseedores  de su calidad de vida” y deben “corresponsabilizarse y adquirir” cada vez más conocimiento y posibilidades de elegir sobre cómo quieren “dejar su vida”.

En esta línea, Lois añadió que en actividades formativas como la celebrada en la UIMP, los sanitarios descubren “en su interrelación con los ciudadanos” que las expectativas de los pacientes “distan bastante de las de los profesionales sanitarios, por bueno que sea su  diagnostico, su prescripción terapéutica o sus cuidados”, concluyó.