Santander, 30 de julio de 2010.- El magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo ha destacado hoy en Santander la “función preventiva” que el Derecho Penal puede tener ante situaciones de crisis económica de “magnitudes tan significativas como la actual”. En este sentido, puso como ejemplo la “gran cantidad de hechos ilícitos” -la mayoría de carácter bursátil-, sobre los que la justicia penal “tendrá que ocuparse en los próximos tiempos”.

Bacigalupo hizo estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde esta semana ha coordinado junto al director de la Fundación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez Lambas, el Seminario ‘Crisis económica y derecho penal en la Unión Europea’, y en la que ambos analizaron la reforma del Código Penal, publicada por el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de junio.

Según explicó Sánchez Lambás, el Real Decreto-ley 5/2010, por el que se amplió la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, incorpora algunas “novedades”, entre ellas, la responsabilidad penal de las empresas y personas jurídicas, lo que representa, en su opinión, “un auténtica revolución de la dogmática penal”.

“Las personas jurídicas, las sociedades y las empresas no van a ir a la cárcel, pero sí van a tener un sistema de multas de una envergadura extraordinaria”, aseveró el director de la Fundación Ortega y Gasset, para quien se trata de un arma eficaz en la lucha contra la “corrupción privada”, a la que se refirió como “el viejo problema de la estructura empresarial en España”.

No obstante, reconoció que le ha llamado la atención que, aunque se establece la responsabilidad penal de las empresas, se excluye de ésta a las entidades públicas, los partidos políticos y los sindicatos. “Aunque también ocurre así en Italia, allí la exclusión del sector público empresarial no es tan radical como se ha hecho aquí”, apuntó.

Preguntado sobre si esta medida puede atentar contra del derecho a la igualdad, Sánchez Lambás respondió que “probablemente no, porque cumplen unas funciones sociales”. Así mismo, señaló que se ha construido un “sistema de responsabilidad” por el que se puede reclamar al Poder Ejecutivo, por el funcionamiento anormal del Estado, o al Poder Legislativo, cuando “un juez deja a un señor injustamente en la calle”. “En el caso del Poder Legislativo, que es donde reside la soberanía nacional, parece que está excluido de la responsabilidad”, concluyó.