Peces-Barba reivindica una ley general que regule la eutanasia para los pacientes con una salud “irreversiblemente deteriorada”

 

Santander, 11 de agosto de 2010.- El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid Gregorio Peces-Barba ha reivindicado hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) la promulgación de una ley general que regule la eutanasia y garantice la seguridad jurídica de los pacientes con una salud “irreversiblemente deteriorada”.

“La jurisprudencia puede ser contradictoria y la eutanasia vinculada a las ocurrencias buenas o mejores de los jueces no es adecuada, es necesaria una ley general” afirmó el jurista quien intervino en una rueda de prensa junto al jefe del Servicio Jurídico del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Andrés Ramón Trillo y el director de la Cátedra Euroamericana de protección Jurídica de los Consumidores, Jorge Luis Tomillo, con motivo de su participación en el Seminario ‘III Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor’.

No obstante, Peces Barba subrayó el “problema de práctica” al que se enfrentaría una ley general que regulase la eutanasia puesto que, a su juicio, aunque todo estuviera “teóricamente muy justificado” existen casos concretos en los que las razones que llevan a utilizar esta práctica son “enormemente complicados”. “Saber que la muerte de una abuelita no es algo que tenga que ver con que la pobre esté en una situación irreversible, sino con los millones que van a heredar sus sobrinos o nietos, es muy difícil de valorar”, ejemplificó.

Durante su intervención, el que fuera Alto Comisionado para el Apoyo a las Victimas del Terrorismo en 2004, defendió la existencia de un “derecho a la muerte” en contraposición al “derecho a la vida”. En este sentido, manifestó que la vida “debe ser digna” y, al igual que hay personas que por sus convicciones morales o religiosas son capaces de sacar provecho positivo de una “vida indigna” y no se plantean “terminar con su existencia”, hay personas que buscan otra opción llegadas a una situación “sin posibilidad de reversión”.

Tomillo recordó que la sociedad actual exige un cambio del modelo tradicional de asistencia sanitaria y, por ello, apuntó, “se ha pasado de un sistema paternalista, fundamentado en el principio de beneficencia, a otro en el que el paciente no es un beneficiario sino un titular de derechos, que puede exigir legalmente”.

El director de la Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica de los Consumidores explicó que, en este contexto, se plantea el principio de responsabilidad patrimonial del profesional sanitario, conocido como Lex Artis ad hoc, para que éste responda no del error sino de la negligencia. “El médico no tiene obligación de sanar, sino de prestar asistencia, no es una cuestión de resultados sino de conocimiento de la ciencia”, matizó.

Tomillo aseguró que los tribunales empiezan a interpretar la regla general de la responsabilidad contractual, pero “hay divergencias y no una opinión unívoca”, lo que, a su juicio, genera “inquietud” en el sector médico y “preocupación” en la ciudadanía. Por ello, apostó por la

 creación de un régimen que de respuesta a las preocupaciones que plantea el reconocimiento del derecho al aborto y la importación de acciones de la jurisprudencia norteamericana como, por ejemplo, la indemnización por la no detección de anomalías graves e incurables en el feto durante la gestación, ya que esta negligencia impide a los padres decidir entre abortar o continuar con el embarazo.

Por su parte, Trillo se refirió a la protección económica de la enfermedad, a través de la prestación de incapacidad temporal creada en 1959, que definió como “muy costosa y compleja” en su organización por la concurrencia de “muchos actores” en su gestión. En la misma línea, reconoció las dificultades de colaboración y coordinación que encuentran las mutuas de accidentes de trabajo, las empresas, los servicios públicos de salud, la inspección médica de asistencia sanitaria, la Seguridad Social, el Estado y las comunidades autónomas para garantizar esta ayuda.