Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha alertado hoy en Sevilla del riesgo de que los ciudadanos “cedan parcelas inadmisibles de su libertad” a cambio de conseguir “protección frente al terrorismo”.

Así lo indicó en su intervención en el Encuentro ‘Terrorismo en el siglo XXI. Desafíos y propuestas’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde aseguró que la angustia que genera en la población cualquier tipo de terrorismo -especialmente el yihadista- hace que ésta ceda automáticamente a sus gobernantes un “cheque en blanco, para que les pongan a cubierto de esto, aunque para ello sea necesario sacar leyes especiales que limiten sus libertades”.

En este sentido, Gómez Bermúdez admitió que “hoy por hoy, el terrorismo amenaza seriamente la integridad personal, los bienes y la forma de vida de los ciudadanos, es decir, la libertad”. Sin embargo, aseveró que “ningún grupo terrorista es capaz de derrocar al Estado democrático, ni siquiera con las previsiones apocalípticas de futura transmisión de armas de destrucción masiva”.

De hecho, en su conferencia ‘La respuesta judicial frente al terrorismo’ insistió en que “podemos combatir eficazmente el yihadismo, aunque con dos precisiones”. Así, se refirió a la necesidad de acometer una regulación pormenorizada de las comunicaciones telegráficas, postales, telefónicas o mail, ya que, a su juicio, es necesario castigar un “nuevo delito de difusión y propaganda de delitos terroristas a través de internet o cualquier tecnología de comunicación masiva porque se han convertido en un campo de entrenamiento virtual”.

También se refirió a la “necesidad de introducir el delito de financiación del terrorismo con carácter autónomo” porque, según dijo, “el ataque a las fuentes de financiación del terrorismo es una forma muy eficaz de terminar con éste”.
En su intervención, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recordó que “no hay una definición mundial de terrorismo”, un hecho que definió como “un gran hándicap”. De hecho, puso como ejemplo los problemas que se están produciendo con la solicitud de entrega del terrorista José Ignacio de Juana Chaos, efectuada por el Gobierno de España a las autoridades del Gobierno de Irlanda del Norte.

“El problema de entrega de De Juana Chaos viene precisamente porque el delito apologético que se le imputa, en el sentido que lo tiene España regulado, es decir, como justificación y enaltecimiento, no es delito en el resto de Europa”, relató Gómez Bermúdez, quien concluyó que “no se le está pidiendo por un delito de terrorismo homologable en todo el resto de Europa”.

Gómez Bermúdez matizó que en España el delito apologético, conocido como enaltecimiento o justificación del terrorismo, castiga a quienes por cualquier medio de expresión justifique los delitos del terrorismo o a quienes hayan participado en su ejecución, así como quienes realicen descréditos de sus víctimas, “un delito único en toda la legislación europea”.

Por último, habló del “error de confundir la eficacia policial con el resultado jurídico, que, según comentó, “son planos complementarios que necesariamente no tienen que ir de la mano”. De hecho, afirmó que en materia de jurisdicción “hay que ser muy escrupulosos, hace falta tener pruebas para comprobar que el hecho cometido sea delictivo”.

“Cuando el Tribunal Supremo rebaja sustancialmente las condenas por yihadismo lo que está haciendo es preservar los derechos de los ciudadanos honrados, de nosotros mismos, porque lo que está manteniendo es una línea por debajo de la cual cree que podría ser frecuente que un ciudadano pueda ir a prisión por un delito que no ha cometido y por tanto está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien”, concluyó.