Para las Administraciones Públicas, la protección de datos representa un reto estratégico, ya que, por un lado, cualquier trámite administrativo requiere del tratamiento de datos personales, pero, por otro, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, permite a los funcionarios públicos, bajo determinadas circunstancias, utilizar  información personal sin consentimiento del afectado cuando dicha utilización se vincula al ejercicio de sus competencias.El panorama se complica con la evolución tecnológica y la aprobación, en 2007, de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, para cuyo desarrollo se hace imprescindible el cumplimiento previo  de los principios vigentes en materia de protección de datos personales.Un grupo de expertos en derecho administrativo  analizarán, desde distintas perspectivas, el tratamiento de datos personales en el ámbito de las Administraciones Públicas en el marco de un curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia, con la colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos.El director de dicha agencia y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I, Artemi Rallo, es el encargado de dirigir estas jornadas en las que se hablará, entre otros temas, de las medidas de seguridad, los ficheros específicos, como los relacionados con la salud, los servicios sociales y la videovigilancia o los tribunales y la protección de datos.El seminario Protección de datos en las Administraciones Públicas se celebrará del 14 al 16 de septiembre en el Palau de Pineda de Valencia.