El curso sobre ‘El nuevo marco legal de la Contratación Pública’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Sevilla y el Instituto de Estudios Fiscales, llega a su fin en la Casa de la Provincia con el análisis de la gestión eficiente y las nuevas obligaciones de la ley 9/2017
Sevilla, 30 de mayo de 2018.– Profesionales de la Administración Pública han puesto esta mañana el broche final al curso sobre ‘El nuevo marco legal de la contratación pública’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Sevilla en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), con el debate en torno a las nuevas obligaciones en materia de transparencia que plantea la Ley 9/2017.
En una mesa redonda integrada por la secretaria del Gobierno local de Vigo, Mª Concepción Campos Acuña; la vocal asesora de la consejera técnica de la Secretaría de Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, Vanesa Aventín; y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos I, Manuel Villoria Mendieta, se han expuesto distintas fórmulas para acabar con el fraude y la corrupción en la tramitación de los contratos del sector público.
Campos Acuña alertó de la dificultad que plantea el nuevo modelo de gobernanza para los más de 8.000 ayuntamientos existentes en España por la falta de independencia de los miembros de los órganos de control y por la falta de poder coercitivo. La secretaria del Gobierno local del Concello de Vigo destaca que “si los órganos de control no tienen capacidad de dictar medidas, la nueva ley solo servirá para incrementar la burocracia”. De entre todas las nuevas medidas, Campos Acuña destacó el Artículo 64, porque es en el que se concentra “las medidas de lucha contra el fraude, el favoritismo y la corrupción”. Y cerró con la fórmula que alienta “la corrupción”: “el monopolio” y “la arbitrariedad”, a la que resta como gran medida “la transparencia”.
Para Vanesa Aventín, lo más destacado del nuevo articulado es el referido a la confidencialidad, regulado en pro de la transparencia, así como un refuerzo de la estructura de gobierno y un apoyo a la competencia. “Todos estos factores son la base para una mayor integridad en la gestión pública de la Contratación”, apuntó esta mañana. Y, por último, uno de los fundadores de Transparency International España, Manuel Villoria, advirtió que “España no tienen un plan estratégico contra la corrupción” y que eso está pasando una grave factura en el país. Por su parte, el director general de Racionalización y Centralización de la Contratación, Pablo Arellano Pardo, ha cerrado la jornada hablando de la racionalización técnica de la contratación, con los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición y centrales de contratación.
Las jornadas han estado organizadas por el director de la Escuela de Hacienda Pública, Ignacio Corral Guadaño, y la delegada de Formación del Instituto de Estudios Fiscales, Cristina Ibáñez de Aldecoa Quintana. A lo largo de tres últimos días han debatido sobre la nueva ley comunitaria el subsecretario del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico, quien se ha centrado en el ‘Marco económico y legal de la reforma’; el director general del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez; el secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, Miguel Pardo González; el socio responsable de Infraestructuras, Transportes, Gobierno y Sanidad de KPMG, Cándido Pérez Serrano; la subdirectora general de Coordinación de la Contratación Electrónica, Mª Ángeles González Rufo; el director de la Oficina Nacional de Auditoría, Jorge Castejón González; el secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero; la abogada del Estado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Sara Izquierdo; el magistrado de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, José Félix Méndez Canseco; el socio de Sagardoy Abogados, Iván Gayarre Conde; el director general de Contratación, Responsabilidad Social y Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Logroño, Bernabé Palacín Sáenz; y el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, Cristóbal Molina Navarrete.
Por su parte, el subsecretario Martínez Rico destacó durante su ponencia que “la mayor relevancia de esta normativa es que incorpora una propia directiva de concesiones y que se va a aplicar en todas las administraciones públicas, lo que hace más fácil su adaptación”. Además, Martínez Rico destacó que “la coyuntura actual, con una economía saneada y una notable capacidad de crecimiento económico, hace que la proyección de esta ley sea mayor”.
