
Santander, 14 de julio de 2026.- Especialistas del ámbito jurídico, notarial y registral se reúnen esta semana para estudiar en profundidad la situación actual de la vivienda en España. Durante la jornada de hoy se han abordado los principales problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario desde la subida de los precios hasta la necesidad de una reforma legislativa.
El notario Francisco José Alejandro Román ha abierto la sesión sentenciando que “sin seguridad jurídica no hay estado de derecho”. En este respecto ha destacado el papel del notariado como pilar de la red de seguridad del país. Más adelante ha realizado una radiografía de la evolución del precio por metro cuadrado en España, dotando la presentación de datos exactos: en 2025 hemos alcanzado cifras que rozan los niveles de 2007. Igualmente ha hablado de factores estructurales, mientras que antes y después de la pandemia la construcción de vivienda se ha mantenido en unos guarismos parecidos, el número de hogares ha seguido aumentando. A esto también se suma el alto volumen de compras por residentes extranjeros.
Por su parte, Pablo Sánchez Lamelas, decano territorial del País Vasco, ha centrado su turno en los consumidores que buscan comprar su primer hogar. Ha advertido que España lidera en Europa el ranquin de países con mayor edad de emancipación, lo que delata un fallo de mercado para los jóvenes. “Si piensan que Madrid es caro, París y Londres son un desastre”, ha declarado poniendo en perspectiva a las grandes ciudades. Finalmente ha insistido en poner el foco en ayudar a los jóvenes a independizarse.
En su intervención, Cristina Vallejo Ros, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, he puesto sobre la mesa el tema de la ocupación. Ha hecho hincapié en la escasa legislación que existe sobre este tema: “La inseguridad jurídica se debería generar cuando tienes que leer un párrafo legislativo tres veces y sigues sin entenderlo”. Ha manifestado también la irregularidad que existe en las sanciones para los ocupas, diciendo que “ocupar en España es un delito leve con pena de 3 meses”. Su ponencia ha concluido con una reflexión: “Debemos legislar con datos y no ideologías”, recuperando las ideas de sus compañeros.
La mesa redonda ha finalizado con un coloquio entre los ponentes y el público en el que se han debatido los temas tratados en la ponencia desde distintas perspectivas y opiniones.



