Santander.– Con un recorrido sobre la jurisprudencia del ADN ha comenzado el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz su intervención en el encuentro Policía Científica y las ciencias forenses, que se celebra estos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que dirige la comisaria general de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, Pilar Allué.
Dolz ha recordado, como ya hiciese el año pasado en las aulas de La Magdalena, el perjuicio que ha causado una tesis del Tribunal Supremo (denominada acuerdo plenario del 24 de septiembre de 2014) que obliga a la presencia de un abogado cuando se soliciten muestras biológicas a un detenido.
El fiscal ha asegurado que es "un hecho muy grave porque tenemos bases de datos raquíticas de ADN, ya que esta tesis ha supuesto el descenso de las reseñas genéticas de detenidos en un 70%". De hecho, ha explicado que, a raíz de este acuerdo, "el avance científico tan importante que ha supuesto la prueba de ADN se nos está quedando atrás".
Entre las consecuencias de esta merma en la base de datos policial se encuentran, por un lado, el cambio de método a la hora de tomar muestras, que puede hacerse de "forma subrepticia", ha explicado Dolz, pero que conllevan problemas de atribución, y, por otro, el hecho de que "hemos vaciado una base de datos que era operativa para la investigación penal y que ya no lo es tanto porque tiene menos perfiles inscritos", ha comentado.
Fotografía: Juan Manuel Serrano
