Santander. – "No vale para nada amenazar con penas gravísimas que no se sabe si podrán ser aplicadas, lo único que en verdad hace temible a la justicia penal no es la dureza del castigo sino la constancia, rapidez y la seguridad de su actuación". De estas palabras del jurista y político del siglo XVIII Manuel de Lardizábal se ha servido el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral para explicar algunas de las claves para hacer frente a la corrupción: penas "inevitables, más eficaces, más prontas, y más dureza del castigo".
Así, ha asegurado que unas condenas "inevitables" y un cumplimiento "inmediato" son las mejores herramientas para combatir la corrupción, y ha defendido que "ya basta de reformas" del Código Penal pues estas son, a su juicio, "una venta de ilusiones", algo "muy barato y efectista" de cara a la opinión pública.
"Ante la proliferación de algunos delitos o el clamor social por otros, la respuesta fácil pero nada inteligente suele ser la de incrementar las penas", ha comentado. Sin embargo, ha añadido que "el legislador se tiene que quedar quieto ante la corrupción" pues "las penas más altas" no son, ni de lejos, lo que disuade a un sujeto de cometer estos delitos: "Basta de subir las penas, mejoremos la eficacia", ha sentenciado.
Del Moral ha moderado la mesa redonda Suficiencia e idoneidad de la legislación anticorrupción, incluida en la segunda edición del encuentro El derecho frente a la corrupción, patrocinado por la Fundación Fernando Pombo, en la que han intervenido la periodista especializada en información de Tribunales María Peral y el abogado Alberto Rodríguez-Mourullo.
Peral ha asegurado que "la corrupción ni está resuelta ni en vías de resolver", puesto que "no se han hecho las modificaciones esenciales" para atajarla. De hecho, ha reclamado "una buena base de datos especializada" en este tipo de delitos y ha explicado que "nadie denuncia porque no hay persecución real, sino un blindaje institucional".
Por su parte, Rodríguez-Mourullo ha comentado que "el derecho penal tiene una eficacia muy limitada para luchar contra la corrupción porque siempre llega tarde", ya que su labor es sancionar y no prevenir.
Fotografías: Juan Manuel Serrano
