Madrid.- "La Administración de Justicia es la garantía del ciudadano, de que los poderes públicos no van a abusar de él. Por eso, conservar las garantías del sistema judicial y hacerlo compatible con mayor celeridad es una urgencia de hoy". Así ha explicado el exministro de Defensa y presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra, lo que define al poder judicial, protagonista de la sexta sesión del ciclo de mesas redondas La reforma de las instituciones a debate que organizan la Fundación Transición Española y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Bajo el título La reforma del poder judicial: justicia, garantías procesales y lentitud de los procedimientos, Serra ha moderado las intervenciones del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde y el abogado Antonio Hernández, y ha comentado que "a veces no se acentúa la idea de que el poder judicial es el poder de la sociedad civil. La grandeza de los jueces es que deben ser gente de la calle, que ven en qué punto las élites de un país se están extralimitando", y ha añadido que "una sociedad es una pirámide y debe haber alguien que cuide que la cúspide no se separe demasiado, ese guardián es el poder judicial".
Asimismo, Serra ha asegurado que se debe "huir de los ataques a la independencia del poder judicial, que debe tener las mínimas intrusiones de las élites", y ha explicado que "el Estado de Derecho nos esclaviza a todos con la ley para que nadie sea esclavo de nadie, y esta condición hace que el poder judicial deba aplicar la ley a todos por igual".
Tras la introducción, el abogado Antonio Hernández ha apuntado que los abogados defensores son "una parte esencial del poder judicial, porque encarnamos los intereses de los ciudadanos", y ha hecho referencia al desapego de la sociedad hacia las instituciones: "Hay un clima general de pérdida del espíritu de la Constitución desde el punto de vista del acceso a la garantías".
También ha asegurado que el poder judicial se enfrenta a "un problema de organización y de medios, así como de concurrencias de competencias y gestión de criterios".
Por su parte, el magistrado Rafael Fernández ha recordado algunos de los puntos clave de la historia del Consejo General del Poder Judicial y ha explicado que "debe haber unas instrucciones en materia de política penitenciaria". También ha opinado que "la Audiencia Nacional debería desaparecer, debido a que su concentración de poder no debe continuar y porque su proyección mediática es contraproducente para el resto de la carrera judicial". Y se ha mostrado de acuerdo con Hernández en la cuestión de la organización, que ha definido como "caótica", debido a que "nadie quiere ceder en las competencias que tienen asumidas" y porque prima "la falta de entendimiento".
