Santander. – "España es el único país que mantiene la figura del juez instructor frente al fiscal investigador". El inspector Fiscal de la Inspección Fiscal, Luis Rodríguez Sol, ha ofrecido un análisis de la situación de las instituciones procesales penales que, a su juicio, "necesitan un cambio radical" en el encuentro Los sujetos protagonistas del proceso penal.
Después de ejercer durante catorce años en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Rodríguez Sol ha propuesto una fase de acopio de información realizada por fiscales para "allanar el camino a la instrucción". Esta etapa debe contar con la supervisión del juez como "garantía de derechos" para zanjar un debate que se prolonga "desde hace 25 años" y que "no se soluciona" poniendo "parches" a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).
Según el fiscal, España no se amolda a los estándares del procedimiento penal que hay en otros países europeos, donde la figura del juez instructor "resulta extraña y el fiscal tiene competencias de investigación". Para Rodríguez, la Constitución avalaría el cambio de esquema procesal porque "la figura del juez de instrucción no es ser un estratega de la investigación, sino garantizar los derechos de los ciudadanos".
La necesidad de un nuevo modelo es evidente, ha añadido, ya que otra reforma sería el "enésimo parche a una ley que data de 1882, probablemente, el texto más modificado de la historia de la legislación española".
Asimismo, ha enumerado algunas de las incoherencias de la normativa en vigor, como aquellas que se producen en el sistema actual de la prisión provisional o en la posibilidad de recurrirlo "todo". El fiscal ha hecho hincapié en los "inconvenientes del ejercicio de la acusación popular" que convierte los procedimientos en causas concursales y "entorpece" su resolución.
En esta línea, ha añadido que otro de los problemas de la acusación popular es que "la ejercen los partidos políticos" y que se produce la "paradoja de que, por defender que no se politice la justicia, tenemos procesos politizados". Asimismo, ha considerado "comprensible" que se cuestione la imparcialidad de la fiscalía en las investigaciones de delito, dado que el Gobierno designa al fiscal general del Estado.
Fotografía: Juan Manuel Serrano
