Santander.– Para Mapi Ballesteros la mejora de la comunicación jurídica es "un reto que toda sociedad democrática y moderna ha de pretender". La doctora en Filología Hispánica codirige, junto al profesor de Derecho Procesal Jesús Hernández Galilea, el II Seminario Comunicación para juristas. Esta segunda edición, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se centra en la tipología textual en los ámbitos jurídicos.
Por esa mejora de la que ha hablado Ballesteros también aboga Salvador Gutiérrez Ordóñez, académico de la RAE, quien ha manifestado la necesidad de "aproximar el lenguaje jurídico" al ciudadano, así como de realizar una "modernización ortotipográfica de los textos". Su propuesta pasa por introducir notas a pie de página en las sentencias –para lo que ha indicado que hay cierta reticencia por la "tradición del párrafo único"– y cursiva, negrita e incluso gráficos, lo que haría el texto más accesible. No obstante, es consciente de que la modernización del lenguaje jurídico "no es cosa de un día".
En su intervención, centrada en el lenguaje normativo, Gutiérrez Ordóñez ha hablado también de una "preocupación constante por la claridad en las normas jurídicas a lo largo de la historia", algo que ha ejemplificado con referencias de textos antiguos. El académico ha señalado la complejidad del lenguaje jurídico en contraste con la claridad en el lenguaje científico: "Normalmente lo específico del lenguaje sectorial de las disciplinas científicas se reduce al ámbito de la terminología. Sin embargo, lo particular del lenguaje jurídico abarca todas las áreas del lenguaje".
Por eso, el académico ha hecho un repaso de los errores más comunes en textos jurídicos en los diferentes niveles de corrección como "el uso del gerundio, el abuso de perífrasis formularias, el uso innecesario de la pasiva, las construcciones verbales fosilizadas, y los arcaísmos y tecnicismos léxicos".
Por último, Gutiérrez Ordóñez ha hecho referencia al "ya consolidado" derecho del ciudadano a comprender el lenguaje administrativo, reflejado en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia aprobada por el Congreso en 2002. En este documento se expone, entre otras cosas, "el derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles".
Fotografía: Juan Manuel Serrano
