Santander.– La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha participado en el encuentro El derecho frente a la corrupción II, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El curso está dirigido por Carlos Saiz Díaz, fiscal excedente y socio Responsable del Área Penal del Despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P., y patrocinado por la Fundación Fernando Pombo.
En su intervención, Soledad Becerril ha expuesto los tres puntos clave que, a su juicio, son necesarios para lograr la buena administración: la transparencia, la función pública y el control del gasto. Así, ha destacado el "importante avance" que supone la Ley de Transparencia, a la que ha calificado como "un antídoto para la corrupción". En cuanto a la función pública, ha señalado que las administraciones deben restringir al máximo la contratación de cargos de confianza y tener más en cuenta a los funcionarios, que son quienes deben verificar si los actos se adecuan a la legalidad. En lo referente al control del gasto, ha especificado que debe hacerse "mediante una legislación que ordene el funcionamiento de las administraciones y especifique los modos y maneras de administrar bienes públicos, y que establezca los límites permitidos y exija las correspondientes autorizaciones".
La Defensora ha explicado que conseguir la buena administración debería ser "un anhelo consustancial en un Estado de derecho como el nuestro", porque además con ella "será más difícil que exista la corrupción", ha afirmado. Ha resaltado que "la corrupción tiene que ser castigada de manera muy severa. Vulnera el cumplimiento de la ley, hace daño a los ciudadanos y genera una gran desconfianza". "En esta materia falta mucha escuela. Es vital que desde pequeños se enseñe qué se puede hacer y qué no, qué está bien y qué está mal", ha precisado.
Además, Becerril ha defendido el principio de presunción de inocencia, y ha expresado su apoyo al cambio de 'imputado' por 'investigado'. "Ante la opinión pública unos indicios se convierten en una inculpación, cuando 'imputado' solo quiere decir que la persona está siendo investigada. Se ha pervertido el término". Confía en que con esta medida haya un cambio en el tratamiento mediático y acabe ese "juicio peyorativo".
En alusión a su trabajo como Defensora del Pueblo, Becerril ha manifestado que "en los últimos meses han aumentado las quejas por manifestaciones o expresiones de odio en las redes sociales", y ha advertido de que algunos comentarios pueden ser muy graves porque "tras la banalización de unos hechos viene el olvido".
Por último, se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional de admitir la querella de la Asociación Dignidad y Justicia para investigar a ETA por delito de lesa humanidad. En su opinión, se abre "una vía importante para poder juzgar no solo a los autores materiales de los crímenes sino también a sus autores intelectuales".
Fotografía: Juan Manuel Serrano
